Jose Antonio Carmona
Editor SeniorEl uso intensivo de energías renovables está generando titulares cada vez más frecuentes, algunos de ellos contradictorios, sobre los impactos y la gestión de esta tecnología. A menudo se debate sobre la ubicación de grandes campos solares y los problemas asociados a su implantación, pero también, como en este caso, surgen cuestiones sobre el destino de las placas solares cuando dejan de ser útiles.
En esta ocasión, los hechos están relacionados con la actuación de un propietario que acabó bajo investigación tras la denuncia impulsada por el Fondo para la Defensa Jurídica de la Montaña Palentina (un grupo de asociaciones y entidades de distintas pedanías del norte de Palencia) y la intervención de la Guardia Civil, a través del SEPRONA. El caso terminó con la imposición de una importante sanción.
Placas enterradas
Imagen | Fondo para la Defensa Jurídica de la Montaña Palentina
Según informa la Cadena SER, los hechos ocurrieron el pasado 16 de abril, cuando el equipo jurídico del citado fondo presentó una denuncia ante el cuartel de la Guardia Civil en Barruelo de Santullán. En ella se señalaba al propietario de una finca como responsable de un vertido ilegal de paneles solares. A raíz de la denuncia, se abrió una investigación en la que participaron agentes del SEPRONA y personal medioambiental de la Junta de Castilla y León.
Los hechos
Imagen | Cadena Ser
Un gestor de residuos de la empresa CONCURPAL, con sede en Aguilar de Campoo, ha sido sancionado por enterrar de forma ilegal un número indeterminado de placas solares en una finca cercana a Vallespinoso de Cervera, en lugar de llevarlas a una planta de reciclaje autorizada. Según este colectivo, “sólo había que echar un vistazo para comprobar que en el mencionado solar había cientos de placas solares almacenadas y que, en unas terrazas artificiales dentro de la propia finca, los restos de placas machacadas afloraban a la superficie en numerosos puntos”.
Los denunciantes advierten además de un problema añadido: la proximidad del arroyo de Valdeherrero, a solo 50 metros del vertido, agrava el impacto ambiental, ya que la descomposición de los paneles solares libera sustancias tóxicas que pueden contaminar el suelo y afectar a personas, animales y plantas. Estos paneles contienen elementos peligrosos como arsénico, cadmio, plomo o antimonio, por lo que deben ser gestionados por empresas especializadas al finalizar su vida útil.
Según la denuncia interpuesta por el Fondo para la Defensa Jurídica de la Montaña Palentina, el denunciado, presuntamente empleó un talud artificial para ocultar los residuos en lugar de trasladarlos a una planta de reciclaje autorizada. Por otro lado, la hipótesis inicial de la organización denunciante sostenía que los paneles habían sido enterrados, y que las lluvias de los últimos meses habrían desplazado la tierra, dejando las placas al descubierto.
La infracción, calificada como grave, conlleva una multa que va desde los 2.001 hasta los 100.000 euros. Finalmente para este caso la sanción impuesta asciende a 3.000 euros, aunque el propietario queda exento de pagar indemnizaciones al tratarse de residuos no peligrosos ni contaminantes. La cuantía además puede reducirse a 1.800 euros si se reconoce el vertido y se paga de forma voluntaria. Además, se exige la restauración de la zona y la entrega de los residuos a un gestor autorizado en un plazo de un mes. Al tratarse de residuos no peligrosos, no se contemplan indemnizaciones.
Desde el Fondo para la Defensa Jurídica de la Montaña Palentina han expresado su disconformidad con la sanción impuesta, al considerarla insuficiente dada la gravedad de los hechos. No obstante, se muestran satisfechos porque “se demuestra que los hechos denunciados eran ciertos, a pesar de los continuos desmentidos del dueño de la parcela, cuyos argumentos ahora se han demostrado como falsos”.
Un problema oculto. Según esta organización este hecho revela el lado más oscuro de las energías “mal llamadas limpias”. Critican que, al terminar la vida útil de las instalaciones, algunos beneficiarios “recurriendo a individuos sin escrúpulos que los hacen desaparecer incurriendo en infracciones o delitos medioambientales”.
Señalan que, aunque la normativa obliga a las empresas explotadoras a desmantelar y reciclar los materiales, muchas veces los proyectos son promovidos por sociedades pantalla sin solvencia, creadas para desaparecer y eludir sus responsabilidades. Como resultado, la carga del desmantelamiento acaba recayendo en los propietarios de los terrenos, a quienes las empresas suelen alquilar en lugar de comprar, trasladándoles así, de forma encubierta, los altos costes de la retirada de residuos.
Vía | Cadena Ser
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