Con el problema de la vivienda afectando a una gran parte de la población y apareciendo una y otra vez entre las principales preocupaciones de los ciudadanos en las encuestas, cualquier cuestión legal que pueda afectarnos como propietarios o inquilinos nos interesa. Y hay un detalle de la Ley de Arrendamientos Urbanos que conviene conocer, sobre todo si estamos pensando en vender una vivienda que tenemos alquilada.
Todos tenemos claro que, si el propietario vende una vivienda una vivienda que está alquilada, el contrato de alquiler no desaparece y el inquilino no tiene por qué marcharse por el simple hecho de que cambie el dueño. El comprador pasa a ocupar el lugar del antiguo propietario. En pocas palabras: cambia el propietario, pero el alquiler continúa.
El nuevo dueño asume el contrato
Todo esto está regulado en el artículo 14 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que establece cómo afecta la venta de una vivienda al contrato de alquiler. Para ello, hay dos factores importantes: la duración del arrendamiento y la protección registral que pueda tener el comprador.
“El adquirente de una vivienda arrendada quedará subrogado en los derechos y obligaciones del arrendador durante los cinco primeros años de vigencia del contrato, o siete años si el arrendador anterior fuese persona jurídica, aun cuando concurran en él los requisitos del artículo 34 de la Ley Hipotecaria”.
Cuando una persona compra una vivienda alquilada, pasa a ocupar el lugar del anterior propietario. Esto significa que tiene derecho a cobrar la renta, pero también debe respetar las obligaciones que establece el contrato y la legislación aplicable. Pero vamos a explicarlo.
Durante los primeros 5 años de contrato (o 7 años si el anterior propietario era una empresa o persona jurídica), el comprador se coloca automáticamente en el lugar del antiguo propietario.
Esto significa que, por el simple hecho de haber comprado el inmueble, el nuevo titular no puede echar al inquilino ni cambiar de forma unilateral las condiciones firmadas. Aquí es importante tener claro que el plazo se cuenta desde la fecha de inicio del alquiler, por lo que el comprador deberá respetar el tiempo que falte hasta completar esos 5 o 7 años.
Pero ¿qué ocurre si el contrato tiene una duración superior? Aquí es donde aparece un detalle importante que muchos propietarios desconocen: la posibilidad de tener que indemnizar al inquilino.
“Si la duración pactada fuera superior a cinco años, o superior a siete años si el arrendador anterior fuese persona jurídica, el adquirente quedará subrogado por la totalidad de la duración pactada, salvo que concurran en él los requisitos del artículo 34 de la Ley Hipotecaria. En este caso, el adquirente sólo deberá soportar el arrendamiento durante el tiempo que reste para el transcurso del plazo de cinco años, o siete años en caso de persona jurídica, debiendo el enajenante indemnizar al arrendatario con una cantidad equivalente a una mensualidad de la renta en vigor por cada año del contrato que, excediendo del plazo citado de cinco años, o siete años si el arrendador anterior fuese persona jurídica, reste por cumplir”.
Si el contrato supera esos cinco o siete años, el comprador debe respetar, como regla general, toda la duración pactada. Sin embargo, existe una excepción cuando reúne los requisitos de protección establecidos en el artículo 34 de la Ley Hipotecaria.
En ese caso, el nuevo propietario solo está obligado a mantener el alquiler hasta completar los cinco o siete años correspondientes. Y aquí viene lo importante: el vendedor deberá indemnizar al inquilino con una mensualidad de renta por cada año de contrato que quede pendiente por encima de ese plazo.
“Cuando las partes hayan estipulado que la enajenación de la vivienda extinguirá el arrendamiento, el adquirente sólo deberá soportar el arrendamiento durante el tiempo que reste para el transcurso del plazo de cinco años, o siete años si el arrendador anterior fuese persona jurídica”.
Pero ¿cuál es la indemnización? La ley fija una fórmula cerrada y por lo tanto la obligación de abonar una mensualidad de la renta vigente por cada año de contrato que quede por cumplir más allá de los 5 (o 7) años obligatorios. Eso sí, en esta cuantía no se calculan gastos de mudanza ni se compara el precio con otros alquileres del mercado.
Existe una excepción
Si el comprador cumple los requisitos del artículo 34 de la Ley Hipotecaria —es decir, adquiere la vivienda de buena fe, paga por ella a quien figura como titular en el Registro e inscribe su compra sin que conste el alquiler registrado—, solo estará obligado a mantener al inquilino hasta que se cumplan los 5 (o 7) años iniciales. No basta con que el nuevo dueño simplemente quiera usar la casa; debe cumplir estrictamente esas condiciones registrales.
Por lo tanto, conviene revisar siempre la fecha de firma del acuerdo: los contratos anteriores a la normativa actual siguen rigiéndose por la ley que estaba en vigor cuando se firmaron, salvo que casero e inquilino hayan pactado expresamente adaptarlos.
Foto de portada | Douglas Rafael Fonseca
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